José Pedro Hernández Historiador y académico Facultad de Educación Universidad de Las Américas
A principios del siglo XX, el panorama laboral en nuestro país era muy diferente al actual. Imaginemos jornadas de 12 a 14 horas diarias, sin descanso dominical, salarios insuficientes y viviendas precarias. En ese contexto, un estatuto aparentemente sencillo como la «Ley de la Silla», promulgada un 7 de diciembre de 1914, bajo la presidencia de Ramón Barros Luco (1910-1915), marcó un hito. Esta normativa, que obligaba a los empleadores a proporcionar asientos para que sus trabajadores pudieran descansar durante la jornada, fue una de las primeras victorias en la lucha por mejores condiciones laborales.
Aunque hoy nos parezca un derecho básico, en aquel entonces, la «Ley de la Silla» representó un pequeño triunfo en una época marcada por la precariedad. Los trabajadores chilenos enfrentaban largas jornadas, bajos salarios y falta de acceso a servicios básicos como agua potable, salud y educación. Este periodo, conocido como la «Cuestión Social», fue testigo de la formación de las primeras organizaciones laborales y de huelgas como la portuaria de Valparaíso en 1903 y la de la carne en Santiago en 1905, reprimidas duramente por las autoridades. Un ejemplo trágico de esta represión es la Matanza de Santa María en 1907.
La «Ley de la Silla», si bien modesta en apariencia, simbolizó el inicio de un largo camino hacia la mejora de las condiciones laborales en Chile. Fue un primer paso, un precedente para futuras reformas que, con el tiempo, transformarían la realidad laboral del país.
Es importante recordar estos inicios para valorar los derechos que hoy tenemos y seguir trabajando por un futuro laboral más justo para todos.
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