El contrato por el que uno o varios mandantes acuerdan con una mujer que ésta geste uno o varios hijos para su entrega al nacer, cualquiera que sea el nombre y las condiciones de dicho contrato (Declaración de Casablanca) es conocido como maternidad subrogada. Esta práctica plantea profundos interrogantes en lo que se refiere a los derechos humanos, la filiación, la explotación reproductiva y el tráfico de personas.
En el contexto del debate sobre esta práctica en Chile, y ante la reciente presentación de un proyecto de ley que busca prohibirla, se llevó a cabo en la Universidad de los Andes el primer Encuentro Latinoamericano de la Declaración de Casablanca, iniciativa que promueve la protección de mujeres y niños frente a la subrogación gestacional.
“El proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados por un grupo transversal de parlamentarios propone fortalecer las sanciones a médicos, personal sanitario y establecimientos de salud que participen en la transferencia de embriones a una mujer que, mediante un acuerdo, se compromete a entregar al recién nacido a terceros, sean o no sus progenitores biológicos”, explica María Sara Rodríguez, académica de la Universidad de los Andes.
Uno de los objetivos principales del encuentro fue analizar el estado legislativo actual y el desarrollo jurisprudencial sobre la maternidad subrogada en los países iberoamericanos, así como identificar las diferencias que existen en los diferentes países estudiados.
Los hallazgos preliminares del estudio evidencian que la región iberoamericana carece, en general, de una normativa específica sobre la maternidad subrogada. Como resultado, los tribunales nacionales han abordado el fenómeno desde diversas perspectivas, desarrollando criterios jurisprudenciales dispares para enfrentar sus desafíos ético-jurídicos.
“La maternidad subrogada ha sido objeto de múltiples proyectos legislativos”, señala Lorena Bolzon, decana del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral de Argentina. “En Argentina, por ejemplo, esta cuestión ha sido debatida en los tribunales en más de 50 casos, e incluso la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló recientemente en favor del reconocimiento de la gestante como madre del niño”.
Entre los principales problemas asociados a la gestación subrogada se encuentran la explotación de mujeres, la trata y la compraventa de menores. En Chile, esta práctica es contraria tanto al Código Civil como a normas de rango constitucional. Rodríguez destaca que la legislación chilena garantiza la atribución de la maternidad a la mujer que da a luz, la intransferibilidad del estado civil y el derecho a la identidad de todas las personas. “El actual proyecto de ley busca evitar que Chile se convierta en un destino de turismo reproductivo mediante un sistema de sanciones que no se limite únicamente al ámbito civil”, añade.
El estudio es impulsado por un equipo de investigadores de nueve países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Perú y Uruguay.
Equipo Prensa
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