- La extensión de los sumarios es uno de los principales problemas que arroja la actual aplicación de la normativa. Rol más activo de la Contraloría, y medidas internas de cada servicio son algunas de las acciones que se pueden tomar para mejorar el sistema.
Ya han pasado algunas semanas desde que se detectaron irregularidades en las que más de 25.000 funcionarios públicos habrían viajado al extranjero mientras estaban con licencias médicas, lo que ha generado indignación y ha llevado a la apertura de sumarios administrativos.
Dentro de este contexto, se ha cuestionado la fortaleza del marco legal para enfrentar estos casos, sin embargo, la forma de aplicación de la normativa actual aparece como el principal problema. Según la abogada del estudio Ruiz Salazar, Loreto Vargas, “la cultura jurídica chilena no está acostumbrada a este tipo de casos. Más que atacar el fundamento normativo y ver si es o no suficiente, hay que atacar a una conducta, al cómo hacemos efectivo este tipo de responsabilidades estatales y de funcionarios públicos”.
Las fallas en la aplicación de la norma también radican en la extensión que puede tener un sumario. “Cuando un sumario administrativo se extiende mucho pierde totalmente su eficacia tanto a nivel público como en el ámbito privado. Más que una debilidad es una mala aplicación de la normativa”.
El acompañamiento legal a la hora del sumario también es relevante, ya que según la abogada Vargas “esto es como un juicio, pero llevado de una manera distinta, donde hay ciertas formalidades y tiempos de tramitación diferentes. En un sumario se le notifican los cargos y se le informa a la persona que está siendo objeto de un sumario, se le llama a declarar y se pueden presentar distintos medios de prueba”.
Agrega que en este caso hay dos tipos de responsabilidad que son la administrativa – relacionada con el funcionario y su cargo – y la penal en que la situación del involucrado podría ser constitutiva de delito. Bajo esa línea, las sanciones pueden ser administrativas como multas, beneficio fiscal, amonestación o destitución del cargo. Desde la arista penal, las penas pueden ser por fraude al Fisco. “A los funcionarios se les está pagando cotizaciones, remuneraciones y bonos estando con licencia médica, por lo que hay una desviación de esos fondos”, recalca la abogada.
Por otra parte, este caso ha puesto en el debate las diferencias que existe en este aspecto entre el sistema público y el privado. “Por los casos que han salido a la luz, lo que estamos viendo es que hay una especie de desigualdad entre el funcionario público y el privado. En este último, si el funcionario presenta una licencia por tercera vez, el empleador exige una justificación. El privado siempre está más vulnerable en el sentido de tener que defenderse”, dice Loreto Vargas.
Medidas a tomar
Dentro de las acciones que se pueden tomar para mejorar los sistemas de control para que no vuelvan a fallar, como en este caso, desde el estudio Ruiz Salazar sostienen que cada servicio podría tomar medidas internas, establecer de manera clara lo que son las responsabilidades dentro del sistema público y un rol más activo de Contraloría en lo que respecta a las labores de los funcionarios.
“Una buena acción sería establecer una subdivisión, como existe en las empresas de Recursos Humanos, donde exista una comisión que pueda revisar las circunstancias en que se dio una licencia médica”, enfatiza la abogada, quien agrega que otra propuesta sería oficiar una licencia a otros organismos como la PDI – tal como se hace en la retención de pensión de alimentos – para evitar que la persona salga del país.
Reforma al sistema público
Varias voces de distintos sectores han señalado la necesidad de reformar el sistema de empleo público del Estado y cambiar el estatuto administrativo. La medida es considerada urgente ya que los sistemas de control y alerta no están funcionando. Sin embargo, para la abogada Vargas, por la envergadura que esto implicaría, “habría que hacer una inyección de capital bastante grande. Además, otro inconveniente será las influencias políticas, ya que va a depender del gobierno de turno; y ver también que las personas que redacten esta reforma sean las más indicadas”.
Sobre Ruiz Salazar
Ruiz Salazar es un estudio jurídico fundado por la abogada Mariela Ruiz Salazar, que ofrece asesoría legal integral en áreas como Derecho Civil, Comercial, Societario, Tributario, Penal, Laboral, y Propiedad Intelectual e Industrial. Su misión es acompañar a empresas, creadores y emprendedores con soluciones jurídicas estratégicas, éticas y modernas.
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