A partir de la última edición del Boletín Estadístico N°6 de Fundación ConTrabajo, se evidenció un cambio significativo en los datos sobre la fecha de inicio de las contrataciones registradas bajo la Ley N° 21.015 de Inclusión Laboral.
Según las cifras actualizadas a septiembre de 2025, el 84% (119.478) de los contratos de personas con discapacidad y/o asignatarios de pensión de invalidez comenzó a partir de la entrada en vigencia de la normativa, es decir, desde el 1 de abril de 2018. En contraste, el 16% (23.080) restante, corresponde a relaciones laborales anteriores a la ley que fueron posteriormente registradas para su contabilización dentro de la cuota del 1%.
El ajuste representa un cambio significativo respecto de los datos publicados hasta febrero de 2025. Tanto el último informe de evaluación de la normativa —correspondiente a 2023— como las versiones anteriores del Boletín Estadístico señalaban que cerca del 80% de las contrataciones correspondía a vínculos laborales previos a la entrada en vigencia de la ley, y que solo una minoría se había generado posteriormente.
Con la nueva información disponible, es posible afirmar que la normativa constituye una política social eficiente, que ha permitido a un número relevante de personas con discapacidad —más del 50% pertenecientes a los dos quintiles más vulnerables— acceder al mercado laboral y transformarse en una fuente de ingresos que impacta positivamente en sus condiciones de vida.
La discrepancia fue detectada y consultada por Fundación ConTrabajo, a la Dirección del Trabajo (DT), entidad responsable de los datos. Tras una revisión por parte de la institución, se confirmó un error en el procesamiento de los datos, entre el periodo octubre de 2022 a diciembre de 2024. De acuerdo a la respuesta oficial entregada vía ley de transparencia, “existía un error en el traspaso de la información”, lo que provocó que se reportara “de forma inversa la cantidad de contratos iniciados antes y después de la entrada en vigor de la Ley N° 21.015”.
Según la institución, el problema ya fue corregido en sus bases de datos, en los reportes estadísticos de 2025 y en el informe estatal más reciente sobre la evolución de la normativa.
Con esta actualización, el Boletín Estadístico N°6 confirma que la mayoría de los contratos registrados bajo la ley corresponde a relaciones laborales iniciadas después de la implementación de la normativa, lo que modifica de manera sustancial la interpretación de su evolución y alcance a septiembre de 2025.
Ivanna Sáez, directora ejecutiva de Fundación ConTrabajo, destacó que “Los contratos generados a partir de la ley de inclusión laboral alcancen el 82% despeja la interrogante sobre si las empresas están haciendo esfuerzos reales por abrir el mercado laboral a personas con discapacidad. El principal desafío ahora es incrementar el número de contratos y asegurar su sostenibilidad”.
Respecto de los cambios reportados, Claudia Sáez, directora de Estudios e Incidencia de Fundación ConTrabajo, recordó que la organización ha desarrollado, desde el inicio de la ley, diversos estudios y análisis destinados a fortalecer la política pública de inclusión laboral. “Nuestra experiencia demuestra que la rigurosidad en el manejo de datos es parte del sello que hemos construido, con el propósito de contribuir al ecosistema de inclusión laboral del país y potenciar el impacto social de nuestra misión”.
En este contexto, la actualización del Boletín Estadístico N.° 6 permite clarificar el alcance real de la normativa, al evidenciar que la mayoría de los contratos registrados corresponde a relaciones laborales iniciadas tras su implementación. Este dato redefine la lectura de su evolución hasta septiembre de 2025 y aporta nuevos elementos para el análisis del impacto de la ley. El boletín completo se encuentra disponible en https://fundacioncontrabajo.cl/descarga/boletin-estadisticas-inclusion-laboral/.
Equipo Prensa
Portal Prensa Salud
 de los contratos de personas con discapacidad y/o asignatarios de pensión de invalidez comenzó a partir de la entrada en vigencia de la normativa, es decir, desde el 1 de abril de 2018. En contraste, el 16% (23.080) restante, corresponde a relaciones laborales anteriores a la ley que fueron posteriormente registradas para su contabilización dentro de la cuota del 1%.){kind=link}