Académica UCSC advierte que las penas por conducir bajo el efecto de alcohol o drogas son especialmente severas para choferes profesionales, pero aún persisten desafíos en materia de prevención y fiscalización.
En Chile, la conducción bajo la influencia del alcohol o sustancias ilícitas es un delito severamente sancionado, especialmente cuando quien infringe la ley es un conductor del transporte público. Así lo explica Natalia Esparza, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) y Coordinadora del Magíster en Derecho Penal, quien detalla que la legislación contempla un régimen sancionatorio más estricto para estos casos, con penas que pueden alcanzar hasta los diez años de cárcel.
“La Ley de Tránsito sanciona a quienes conduzcan vehículos, medios de transporte u operen maquinaria en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, hayan causado o no daño a terceros”, señala la académica. No obstante, enfatiza que cuando el delito es cometido por un conductor cuya labor consiste en el transporte de personas o bienes, y que se encuentra desempeñando dichas funciones, la ley es aún más rigurosa.
Este marco agravado fue incorporado con la llamada Ley Emilia (N° 20.770), la que establece penas que van desde 5 años y un día hasta 10 años de presidio, junto a una multa que puede ir de 8 a 20 UTM. Además, se incluye la prohibición de por vida para conducir y la confiscación del vehículo usado en el delito.
“La ley reconoce más grave esta conducta cuando es realizada por un conductor profesional, que tiene a su cargo la seguridad de otras personas”, explica Esparza.
Pese al avance normativo que significó la promulgación de la Ley Emilia, la académica UCSC advierte que aún existen brechas importantes. “Aunque el sistema procesal penal funciona de forma bastante expedita una vez que se detiene a un conductor en estado de ebriedad, el verdadero desafío está en evitar que estas situaciones ocurran”, sostiene la abogada.
Finalmente, la especialista recalca la importancia de generar mecanismos preventivos que permitan detectar y sancionar a tiempo a quienes infringen la ley, antes de que se produzcan consecuencias graves para los pasajeros o la ciudadanía en general. “Existen desafíos importantes principalmente en materia de fiscalización de los conductores de transporte público. Se requiere una fiscalización más robusta y permanente sobre quienes operan el transporte público”.
Equipo Prensa
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