- A partir del análisis de más de 500 empresas del sector servicios, el estudio concluye que ni los clientes, ni los proveedores, ni el tamaño de la firma, influyen en la innovación social: lo que marca la diferencia es el vínculo con centros públicos de investigación.
En Chile, más del 50% del Producto Interno Bruto (PIB) proviene del sector servicios, pero la innovación social sigue siendo una deuda pendiente en este ámbito. Aunque las empresas del rubro enfrentan desafíos complejos, tales como salud mental, educación, seguridad o cohesión social, carecen de los vínculos necesarios con el aparato público para traducir esas urgencias en soluciones concretas.
Esa es la principal alerta que arroja una reciente investigación publicada en el Polish Journal of Management Studies, tras analizar más de 500 empresas del sector servicios en Chile.
El estudio “Relevancia de las fuentes de información para apoyar los resultados de la innovación social en el sector de servicios”, liderado por Rodolfo Lauterbach y Gustavo Barrera, académicos investigadores de la Facultad de Ingeniería y Negocios de la Universidad de Las Américas, revela que la única fuente de información que influye significativamente en la generación de innovación social proviene de institutos públicos de investigación. Ni clientes, ni proveedores, ni competidores logran incidir en estos resultados.
“El sector servicios tiene una importancia decisiva en la economía del país. Sin embargo, cuando hablamos de innovación, la conversación suele centrarse en tecnología, startups o Silicon Valley. ¿Y la innovación social? Esa que busca resolver problemas reales como la desigualdad, la salud o la educación, sigue siendo una deuda pendiente”, afirma Lauterbach.
Los investigadores señalan que, pese al capital humano disponible y a la infraestructura instalada, la desconexión entre el mundo privado y los centros públicos de conocimiento es el principal obstáculo para que el sector servicios desarrolle soluciones con impacto social. Además, el estudio desmitifica ideas comunes: ni el tamaño de la empresa ni la proporción de profesionales contratados tienen un efecto real sobre la capacidad de innovar socialmente.
Esto abre una oportunidad inédita para que incluso las Pymes puedan liderar el cambio, siempre que accedan a conocimiento estratégico de origen estatal, sugieren los especialistas.
Democratizar el acceso al conocimiento
Pese al impulso que en los últimos años ha tenido el concepto de innovación social en organismos internacionales y algunas agencias estatales, los hallazgos de la investigación muestran una dirección contraria en el mercado local: solo cuando las empresas acceden a conocimiento proveniente de institutos públicos de investigación se incrementa su probabilidad de generar innovaciones orientadas al bienestar colectivo.
En cambio, las fuentes más comúnmente asociadas al mundo corporativo, entre ellos proveedores, clientes, competidores o consultores, no presentan un efecto significativo.
De igual forma, las variables estructurales que suelen ser consideradas determinantes en innovación, como el tamaño de la firma o la proporción de trabajadores con formación profesional o posgrado, tampoco inciden en los resultados. “Esto significa que incluso las Pymes pueden ser protagonistas del cambio, si cuentan con el apoyo y la información adecuada”, puntualiza Lauterbach, quien refuerza la urgencia de democratizar el acceso al conocimiento técnico y científico generado en el sector público.
El estudio, que analizó datos de la Encuesta Nacional de Innovación (ENI) 2021–2022, aplicó un modelo econométrico de regresión a una muestra de 522 empresas chilenas que declararon algún tipo de actividad innovadora. Esta metodología permitió aislar el efecto de distintos factores (capital humano, inversión en I+D, tamaño, tipo de fuente de información) sobre una variable dependiente binaria: si la empresa realizó o no innovación social durante el periodo analizado.
El resultado fue claro: la única fuente con efecto positivo y significativo fue la información institucional generada por organismos públicos de investigación.
Repensar políticas de innovación
Ante esta evidencia, los autores plantean dos recomendaciones concretas para avanzar hacia una política de innovación social con impacto real. Primero, implementar programas de transferencia de conocimiento desde universidades e institutos públicos hacia empresas del sector servicios, con foco en problemas sociales prioritarios como salud, educación, seguridad y sostenibilidad. Y segundo, incorporar métricas que visibilicen el impacto social de las innovaciones, más allá de su rentabilidad económica.
“La innovación social no es caridad: es desarrollo sostenible con rostro humano”, enfatiza Lauterbach. En esa línea, destaca que muchos países la han incorporado como un eje transversal de sus políticas públicas, especialmente en sectores como salud, atención a personas mayores, movilidad urbana o inclusión digital. En Chile, no obstante, el enfoque dominante sigue siendo tecnológico y orientado al crecimiento económico, dejando fuera iniciativas que buscan generar valor social.
Para los académicos de UDLA, esta desconexión entre el conocimiento estatal y las necesidades del sector servicios no solo limita la capacidad del país de responder a desafíos sociales urgentes, sino que también representa una oportunidad perdida de fortalecer la cohesión social y avanzar en bienestar territorial.
El estudio concluye que, si se quiere transformar el potencial de innovación social en resultados concretos, es imprescindible repensar las políticas de innovación desde una perspectiva más inclusiva, colaborativa y orientada al bien común.
Equipo Prensa
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