- La instancia parlamentaria, que es liderada por el diputado Tomás Lagomarsino, ha definido cuatro ejes como prioritarios para la mejora del sistema de protección financiera para enfermedades de alto costo, una ley promulgada el año 2015.
- El primero de ellos es incrementar los recursos asignados para su implementación, la principal piedra de tope para incorporar nuevos tratamientos para su cobertura, según el legislador; actualmente, su monto anual es de más de cien mil millones de pesos.
- Desde las agrupaciones de pacientes valoraron la apertura de oportunidades de mejora a la normativa, pero advirtieron que también es necesario avanzar en aspectos que afectan específicamente a las patologías de baja prevalencia.
La comisión investigadora de la Ley Ricarte Soto (20.850), una instancia creada por la Cámara de Diputados y Diputadas y que es liderada por el parlamentario Tomás Lagomarsino (IND), advirtió sobre la urgencia de incrementar el presupuesto asignado a la normativa, además de impulsar mejoras en otros tres ejes relacionados.
A ocho años de su implementación, la regulación mantiene los recursos inicialmente definidos para la cobertura de enfermedades de alto costo: cien mil millones de pesos anuales reajustados por inflación.
Sin embargo, un estudio emitido por la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, en 2021, alertó sobre la imposibilidad de incorporar nuevas tecnologías para financiamiento debido a que el fondo quedaría sin recursos disponibles al año 2027.
Por esta razón, el decreto por el que se actualizará el conjunto de patologías beneficiarias (el quinto desde que la Ley fue publicada por el Diario Oficial), solo mantuvo las 27 condiciones ya estipuladas en el anterior proceso. Es decir, la Ley Ricarte Soto ya suma seis años sin sumar nuevos tratamientos para cobertura.
Para el diputado Lagomarsino, la normativa “fue una gran política pública, pero que rápidamente se quedó sin fondos para incorporar nuevas enfermedades”. Por ello, el parlamentario subrayó que su objetivo es la ampliación de los recursos anuales para sumar patologías que hoy se encuentran al margen de la regulación.
“La Ley Ricarte Soto es un sistema de protección financiera para enfermedades de alto costo, y en ese sentido aborda parte del problema: el financiamiento de medicamentos de elevado costo, con un umbral que ronda los $3.5 millones. Los que están por encima de esa habría que ver si son elegibles para la ley. El problema es que el financiamiento que establecía, a ocho años de su implementación, quedó corto”.
La comisión investigadora espera culminar sus sesiones en el mes de abril y elaborar sus conclusiones para que estas sean votadas por la Cámara de Diputados y Diputadas. El legislador independiente a cargo de la instancia valoró que la Ley 20.850 es una política “adecuada” respecto a sus mecanismos para abordar el problema de las enfermedades raras, y que entre las posibles conclusiones de la comisión no está el plantear una nueva regulación.
“Esto dado que el espacio y la herramienta para esto ya existe en nuestra legislación, y es la Ley Ricarte Soto. El problema es que el Ejecutivo tiene que ampliar su financiamiento”, afirmó Lagomarsino, quien al momento de iniciar el trabajo de la Comisión adelantó que esperaban “desatar los nudos” que están en los ministerios de Hacienda y Salud para materializar el incremento de los recursos o nuevas medidas que “permitan que los pacientes vean resueltas sus necesidades en salud”.
Myriam Estivill, directora ejecutiva de la Fundación FELCH e integrante de la Comisión de Vigilancia y Control de la Ley 20.850, valoró la oportunidad de introducir mejoras y realizar un análisis en profundidad al desempeño de esta regulación, pues consideró como de máxima preocupación que a menos de diez años de implementada, la normativa ya no disponga de recursos para cumplir con su tarea.
“La Ley llegó con grandes expectativas, no tan solo para los pacientes y sus familias, sino para toda la ciudadanía, que veía en su implementación un avance en el acceso y la calidad de la salud chilena. Pero lo cierto es que a pocos años de ese hito, no existen los fondos suficientes para que sea una solución realmente robusta para el caso de las enfermedades raras”.
“Esto es algo que advertimos a todos los estamentos incluso desde el momento de su discusión parlamentaria hace más de diez años. Hoy, tenemos la expectativa de que esta comisión investigadora sea el primer paso para resolver esta situación, aunque sabemos que no depende solo del diputado Lagomarsino o sus otros integrantes, sino de la voluntad política de muchos niveles del Estado”, afirmó Estivill.
En 2022, diversas agrupaciones de pacientes denunciaron que el fondo de la ley Ricarte Soto disponía casi tres veces el presupuesto ejecutado cada año, y al menos tres veces el promedio del gasto realizado en los últimos cinco años. Las inversiones en fondos de bajo riesgo (bonos del Estado, entre ellos) han rentado recientemente a la baja, ocasionando pérdidas por más de 2 mil 500 millones durante 2021.
“Más pacientes afuera que adentro”
Promulgada en junio 2015, la Ley Ricarte Soto constituyó la principal expectativa para que pacientes de enfermedades de alto costo o poco frecuentes pudieran acceder a terapias y medicamentos, pero miles de pacientes y decenas de patologías continúan al margen de esta política pública de seguridad social. La regulación creó un sistema de protección financiera para dar cobertura a diagnósticos y tratamientos de alto costo.
Se trata de recursos independientes a las partidas del Ministerio de Salud y Fonasa, y que, por ejemplo, no forman parte de la discusión de la Ley de Presupuesto. Por diseño, se instruyó que los dineros serían centralizados en una cuenta fiscal, donde se sumarían a los recursos y garantías no ejecutados en los años anteriores y su rentabilidad en el mercado financiero.
Desde la Fundación FELCH advierten con preocupación que los beneficiarios de la Ley, en especial aquellos diagnosticados con algunas de las denominadas “enfermedades raras” son un mínimo porcentaje de las que existen en la realidad. Es decir, subrayó Myriam Estivill, “son mucho más los pacientes que están a la espera de ser beneficiados por la Ley que aquellos que realmente reciben cobertura para sus tratamientos”.
“El quinto decreto publicado el año pasado fue una suerte de ‘cuarto decreto bi’. Hay muchas cuestiones que podrían mejorarse, pero tenemos la expectativa que a partir de los hallazgos de esta comisión se pueda dar una señal para poner en el centro del debate sobre la salud pública la cuestión de las enfermedades catastróficas, que a menudo puede parecer un problema lejano, pero que afecta a millones de personas en el mundo y a miles de familia en Chile”, señaló la representante.
El diputado Tomás Lagomarsino complementó que el factor crítico para optimizar esta política pública es el financiamiento, más allá incluso de los mecanismos de evaluación a través de decretos cada tres años, de acuerdo a las demandas de los pacientes.
“Lo que ha impedido que el ingreso de enfermedades sea más fluido es justamente la falta de recursos. Hoy se establece un mecanismo mediante el cual los pacientes, fundaciones y cualquier persona individualmente puede solicitar la incorporación de un tratamiento (…) El gran escollo no es la metodología o la agilidad en cuanto puede ser incorporada, sino más bien el financiamiento que puede contarse para que sean incluidas en la ley”, apuntó el legislador.
La comisión –que sesionará hasta fines de abril y ha convocado a diversas organizaciones de la sociedad civil– también ha considerado como ejes de mejora para la implementación de la ley los acuerdos de riesgo compartido, la necesidad de aumentar la pesquisa neonatal (que actualmente contempla solo dos enfermedades) y la ventilación mecánica para hospitalizaciones domiciliarias.
La búsqueda de una solución
De acuerdo a una estimación de Fonasa, 34 mil personas son beneficiarios de los recursos de la Ley Ricarte Soto. Del total de pacientes que recibe financiamiento actualmente, 25 mil ingresaron por el primer decreto, 4 mil 900 por el segundo y 700 por el tercero. La cifra solo va aumentando en la medida de que pacientes con algunas de las 27 patologías establecidas sean diagnosticados.
De esas condiciones, solo tres se consideran enfermedades huérfanas: tres tipos de mucopolisaridosis, las esclerosis múltiple y lateral amiotrófica y las enfermedades de Gaucher, Huntington y Fabry. Esto ha motivado que pacientes con diversas condiciones que están fuera de cobertura, entre ellos del síndrome de Duchenne (una distrofia muscular de origen genético y que tiene una de las mayores tasas de prevalencia para este tipo de afecciones) hayan optado por la vía judicial como último recurso.
“Por eso es tan relevante que la ley Ricarte Soto pueda ampliar su financiamiento, porque de esa forma se incorporan los tratamientos dentro de una política pública y no a través de la resolución de los tribunales. Eso también permite que el Estado pueda negociar con los laboratorios costos unitarios de los medicamentos al comprarlo por volumen y no adquirirlos unitariamente al ser producto de fallos”, señaló Lagomarsino.
Si bien Chile no dispone de un catastro de personas diagnosticadas, se calcula que entre el hasta el 10 por ciento de la población podría verse afectada por síndromes de baja prevalencia. De acuerdo a la definición europea, las enfermedades raras, poco frecuentes, minoritarias o huérfanas son aquellas con incidencias menores a uno por cada 2 mil personas (es el indicador que se utiliza en Chile).
En Estados Unidos, país que dispone de la agencia de medicamentos de referencia (la FDA), la estimación es de una por cada 1500 personas, afectando a cerca de 200 mil personas en ese país. A nivel global, existen más de 8 mil patologías de este tipo, según la Organización Mundial de la Salud. En conjunto podrían afectar a entre el seis y ocho por ciento de la población mundial.
Si esta relación es certera, en Chile podría haber cerca de un millón de personas que viven con una de estas enfermedades. “En el actual escenario, los pacientes y sus familias deben esperar varios años para que el Estado evalúe si es pertinente o no financiar sus tratamientos, y la probabilidad de que eso ocurra es baja. Es hora de que podamos encontrar una solución de fondo y que no sigan muriendo personas, algo que hoy ocurre a diario irremediablemente”, concluyó Estivill (Por: Luis Francisco Sandoval. Agencia Inés Llambías Comunicaciones).
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