Santiago, octubre de 2024 – Expertos en salud y agrupaciones de pacientes hacen un llamado urgente a las autoridades para que publiquen el cuarto decreto modificatorio de la Ley Ricarte Soto, crucial para mejorar el tratamiento de enfermedades de alto costo en Chile, incluyendo la artritis reumatoide.
Gonzalo Tobar, presidente de la Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes y vocero de la Red Chilena de Pacientes Reumáticos, expresa su preocupación: «No bastó que el presidente Boric lo anunciara en la cuenta pública de este año: la última actualización de la Ley Ricarte Soto aún no está publicada y, como pacientes, seguimos esperando«.
La Dra. Viviana Maluje, médica cirujana especialista en Reumatología de la Universidad de Chile enfatiza la importancia de este decreto: « El retraso en la publicación del decreto impide el acceso a tratamientos que podrían mejorar significativamente la salud de miles de chilenos. Significa además que los pacientes que están esperando o que han fracasado a las terapias sigan esperando con el peligro en desmejoramiento de su calidad de vida «.
En términos generales el enfoque actual en el tratamiento de las enfermedades reumáticas se centra en lograr la remisión de la enfermedad, según la especialista. “Como buscamos que el paciente esté prácticamente libre de síntomas, incluso si requiere el uso continuo de medicamentos, es fundamental contar con alternativas para alcanzar esta meta, incluso los te última tecnología”.
En el caso específico de la artritis reumatoide, que afecta aproximadamente al 0,6% de la población chilena, el cuarto decreto incluiría dos nuevos fármacos orales. La Dra. Maluje explica: » Ambas terapias orales son una muy buena respuesta al tratamiento«. Estas nuevas terapias no solo mejorarían la calidad de vida de los pacientes, sino que también podrían reducir costos al sistema de salud, añade. «Claramente, si uno tiene terapias que mantienen los costos y mejoran las metas, esos pacientes obviamente además van a ahorrar a todo el sistema de salud. Significa menos hospitalizaciones, menos cirugías, menos días de licencia«.
La preocupación por el retraso ha llegado al ámbito legislativo. La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados ha enviado dos oficios, tanto al Ministerio de Salud como a la Dirección de Presupuestos, para obtener alguna respuesta, evidenciando así su inquietud por este tema país. Así mismo la Comisión de Salud del Senado no ha estado indiferente y ha planteado en diferentes ocasiones su malestar por este retraso y la no inclusión de algunas patologías, así lo plantea el senador y miembro de la comisión, el senador Juan Luis Castro: “Es alarmante que, pese a los compromisos adquiridos, el decreto siga retrasado mientras los pacientes esperan. Esta demora obstaculiza aún más el funcionamiento normal de la Ley Ricardo Soto, que debería ampliar su cobertura para incluir diversas enfermedades autoinmunes, vasculitis y otras condiciones relacionadas aún no consideradas.
Resulta paradójico que una ley que ha beneficiado a más de 100,000 pacientes desde su aprobación, ahora enfrente una extensa lista de espera debido al agotamiento de sus fondos. Desde 2021, seguimos sin respuesta a una pregunta fundamental planteada a las últimas dos administraciones: ¿Cómo reformular la Ley Ricardo Soto para garantizar su crecimiento continuo y evitar su estancamiento actual, que impide la incorporación de nuevos pacientes al sistema de cobertura?
Tanto los expertos como las agrupaciones de pacientes hacen un llamado a la acción. La Dra. Maluje insta: ««Es imperativo que asumamos la responsabilidad de esta situación. El decreto ya fue aprobado y anunciado; todo está listo para su implementación. Sin embargo, parece que estamos enfrentando obstáculos administrativos que están causando retrasos innecesarios. Nuestra prioridad ahora es dar visibilidad a este problema para que los pacientes puedan acceder a ellos sin más demora. Para lograrlo, necesitamos que nuestras autoridades actúen con urgencia y finalicen el proceso de publicación del decreto.». Por su parte, Tobar concluye: «No podemos permitir que el avance logrado hace una década y reafirmado por el presidente se diluya debido a la inercia administrativa”
Equipo Prensa
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