La reciente modificación a las recomendaciones federales de vacunación infantil en Estados Unidos encendió alertas en el mundo de la salud pública. El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) redujo de 17 a 11 las inmunizaciones recomendadas para la población general, trasladando varias vacunas a categorías restrictivas o condicionadas a evaluación médica previa.
Aunque el cambio no altera los requisitos obligatorios —que siguen siendo definidos por cada Estado—, la epidemióloga e investigadora del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, María Paz Bertoglia, advierte que la decisión resulta perjudicial desde el punto de vista sanitario. “Es una medida que tiene el potencial de aumentar la morbimortalidad infantil en EE. UU., al debilitar una política de salud pública que ha sido exitosa durante décadas”, señala.
Una modificación sin proceso técnico
Según explica la especialista, la actualización de las recomendaciones no siguió los conductos regulares utilizados en salud pública, que incluyen reuniones abiertas, revisión de evidencia científica y deliberación de comités técnicos independientes. “Fue una modificación unilateral, no basada en evidencia científica”, afirma.
Bertoglia compara la situación con un escenario hipotético en Chile en que el Ministerio de Salud cambiara el calendario de vacunación sin consultar al Comité Asesor de Estrategias de Vacunación e Inmunizaciones ni al Instituto de Salud Pública. “Sería algo totalmente fuera de lógica”, advierte.
Aunque la recomendación del HHS no es vinculante, la experta subraya que su impacto va más allá de lo normativo. “Genera confusión en la población, promueve miedos infundados hacia las vacunas y puede disminuir la confianza en el personal de salud”, sostiene.
¿Muchas vacunas son un riesgo para los niños?
Frente a uno de los argumentos más difundidos por sectores críticos a la vacunación, Bertoglia subraya que la evidencia científica no respalda que recibir múltiples vacunas sea dañino para niños y niñas. Organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, avalan que las vacunas aprobadas son seguras y efectivas, y que el sistema inmune infantil puede responder a múltiples antígenos de manera simultánea.
Además, la vacunación cumple un rol adicional en salud pública. “Al prevenir enfermedades infecciosas, también se reduce el uso innecesario de antibióticos, lo que ayuda a enfrentar la resistencia antimicrobiana”, explica.
El contraste con Chile
En Chile, las vacunas incluidas en el Programa Nacional de Inmunizaciones son obligatorias y gratuitas para la población objetivo, independiente del sistema de previsión. Estas se administran en vacunatorios públicos y privados en convenio con las Seremi de Salud.
Vacunas como hepatitis A, hepatitis B y meningococo ACYW forman parte del calendario obligatorio, mientras que la influenza se aplica mediante campañas dirigidas a grupos definidos. Otras, como COVID-19 y el anticuerpo monoclonal contra el virus respiratorio sincicial, se implementan como estrategias no obligatorias. El rotavirus, en tanto, no está incluido en el calendario nacional y solo se entrega a través de la estrategia de Vacunas Especiales.
El cambio en EE.UU. se ha justificado señalando que otros países administran menos vacunas. Sin embargo, Bertoglia advierte que ese enfoque omite un elemento central: las realidades epidemiológicas varían entre territorios. “Las políticas de vacunación deben definirse según la evidencia local, los patrones de enfermedad y las necesidades de cada población, no solo por comparación con otros países”, concluye.
Equipo Prensa
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